El acto en sí es muy grave, pues no sólo reconoce que el aborto es legal, sino que, y esto es lo peor, proclama que el aborto es un derecho que las mujeres, sin necesidad de alegar ninguna justificación.
Este aval del Tribunal Constitucional al aborto en un salto cualitativo que arrincona a los que defendemos el derecho a la vida y desprotege al nasciturus de la defensa jurídica. Además, se han suprimido los informes preceptivos que obligaban a ofrecer a la mujer embarazada otras alternativas al aborto y se han quitado también los tres días de reflexión, desamparando así a la mujer ante un embarazo imprevisto.
Es curioso ver cómo los grandes movimientos revolucionarios, ya sean de calado feminista, de ideología de género o sociales, siempre usan la misma estrategia: en un primer paso intentan despenalizar o legalizar lo que antes era considerado como un delito o algo ilegal; en un segundo paso, intentan que sus reivindicaciones sean consideradas como un derecho; y, por último, intentan silenciar, cuando no castigar o penalizar, a aquellos que se oponen a sus ideas o sus reivindicaciones.
La situación es preocupante. Una sociedad en la que no impere la división de poderes y no haya una justicia libre e independiente corre el riesgo de transformarse en una sociedad
dominada por el totalitarismo o, como está de moda ahora, por el populismo.
