El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) clama por las hostilidades que sufren los migrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros. En su Informe CIE 2021, titulado ‘Territorio Hostil: formas diversas de hostilidad en los CIE’ y presentado hoy en la sala Manuel Giménez Abad del Senado, denuncian “trabas a la denuncia e investigación de agresiones policiales”.
Según el SJM, “la Dirección General de la Policía vuelve a hacer gala de opacidad al no haber enviado en plazo al SJM los datos solicitados sobre: entradas irregulares en territorio español, detenciones a personas extranjeras en el marco del derecho sancionador de extranjería, acuerdos de devolución, órdenes de expulsión, internamientos en CIE y personas en dispositivos de atención humanitaria”.
De hecho, “las personas internas que querrían denunciar malos tratos policiales encuentran obstáculos como: conducción a una celda de aislamiento, presencia policial durante el examen médico, aceleración de la repatriación forzosa, obstáculos para acceder a las vías de comunicación de los hechos, hostigamiento a quienes llegan a denunciar, dificultades para identificar a las personas responsables, etc.”, según recoge el propio Informe.
Deficiencias médico-sanitarias
Como ha destacado durante la presentación el jesuita Josep Buades, director de la Asociación Claver-SJM y redactor del Informe, además de las agresiones policiales, la mirada del SJM se fija en otras dos formas de hostilidad observadas: deficiencias en la atención médico-sanitaria y obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales.
En relación a las deficiencias más destacables de los servicios médico-sanitarios, el SJM destaca la falta de coordinación interadministrativa para conocer el historial clínico de internos derivados de otras instituciones; las atenciones médico-sanitarias en presencia de agentes de policía; las atenciones sin intérprete; el régimen de aislamiento en casos de Covid-19; la falta de atención a los problemas relacionados con la salud mental; así como la falta de emisión y envío de partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente.
Aunque en 2021 hubo menos personas extranjeras internadas debido a la reducción de plazas en aplicación de los protocolos de prevención de Covid-19, las obras de reforma emprendidas en algunos centros y la imposibilidad de ejecutar expulsiones y devoluciones a Estados que tenían cerradas sus fronteras exteriores, el SJM solo considera una buena noticia que se cierren estos centros.
La “quimera” del nuevo modelo de CIE
Según ha señalado Buades, “el discurso político fantasea con el nuevo modelo de CIE que garantiza el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas internadas, pero la realidad revela la distancia entre el funcionamiento de los CIE y la normativa que los regula”.
De hecho, “la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no daría fácilmente por buena la quimera del nuevo modelo que garantiza el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas internadas por poco que se aplique en observar a fondo y de cerca la realidad de los CIE en diálogo con los jueces de control, el defensor del pueblo y las organizaciones de la sociedad civil que visitan a las personas internadas”, ha agregado, pues “los CIE están todavía lejos de cumplir el marco normativo actual”.
El SJM denuncia además el tratamiento político de los CIE, “desde la opacidad del Ministerio de Interior al no haber entregado en plazo los datos requeridos, incumpliendo la Ley de Transparencia, hasta la construcción de un nuevo centro en Algeciras que demuestra la apuesta institucional por estos espacios de hostilidad y de vulneración de derechos hacia las personas migrantes”.
Retroceso de derechos
Para Josetxo Ordoñez Echeverría, también autor del Informe y miembro de Migra Studium, “hay un retroceso en derechos que ya pensábamos que estaban plenamente garantizados y vigentes. El coronavirus ha puesto una alfombra roja al Ministerio de Interior para blindar más los CIE. Estamos en un momento de volver a luchar por recuperar las garantías que habíamos conseguido. Estamos en un 2012-2013 que ya pensábamos superado”.
Por su parte, Ana Bosch Nocea, autora del Informe y miembro de Pueblos Unidos-FSJC, ha hecho hincapié en la necesidad de que “todos los agentes que participan en esta realidad caminen juntos para proteger a estas personas”.
Por otro lado, tal y como se explica en el Informe, “hubo contagios de Covid-19 a pesar de la aplicación de los protocolos de prevención”. Del mismo modo, “los aislamientos prolongados impuestos en consecuencia incidieron sobre la salud mental de las personas internadas”.
El Informe CIE 2021 también evidencia que el pasado año hubo sentencias relevantes sobre “la responsabilidad penal en casos de suicidio de internos, la documentación suficiente para determinar la edad de un interno sin recurrir a pruebas, cuándo es improcedente la solicitud de autorización judicial de internamiento, la sanción de la mera estancia irregular o el deber de motivar las órdenes de expulsión dictadas de amparo del art. 57.2 LO 4/2000”.
