La Audiencia Nacional da la razón al Ministerio del Interior y a Abogados Cristianos al no hallar razones para mantener la utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar (FPFE).
La sala de lo contencioso-administrativo rechaza el recurso interpuesto por la FPFE y la condena en costas.
La organización acudió a los tribunales después de que el Ministerio del Interior le retirase la consideración de entidad de utilidad pública, tal y como había solicitado Abogados Cristianos.
La decisión de Interior llegó tras constatar la falta de transparencia de la Federación al ocultar todo lo relativo a la sanción que pesa sobre ella por financiación ilegal.
Fue Abogados Cristianos quien denunció en 2015 las irregularidades de la FPFE. Abogados Cristianos detectó que la Federación de Planificación Familiar había estado siete años obteniendo ingresos a través de la publicidad ilegal de fármacos que la ley prohíbe anunciar, lo que derivó en una sanción por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid.
El Ministerio del Interior alegó que “tal conducta infractora es incompatible con la promoción del interés general, en este caso, la protección de la salud pública”.
Además, asegura que “supone defraudar la confianza que la sociedad deposita en aquella entidad que pretende beneficiar a la comunidad a cambio de recibir importantes ventajas”.
Hay que recordar que la consideración de “utilidad pública” supone gozar de numerosos beneficios fiscales, económicos, administrativos y procesales.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra la decisión de la Audiencia Nacional de retirarle la utilidad pública a la FPFE.
Asegura que “una organización que ha incumplido de forma sistemática la ley no puede tener dicho reconocimiento”.
Pide que dejen de concedérsele “lo más de 400.000 euros de subvenciones que recibe con el dinero de nuestros bolsillos”.
Recuerda además que la Federación de Planificación Familiar recibe fondos de su matriz americana, Planned Parenthood, la cual está siendo investigada por el FBI en EEUU por traficar con órganos y tejidos procedentes de los fetos abortados en sus clínicas.
