La ministra del gobierno socialista ha abordado en su entrevista en El País la posibilidad de un pacto de estado sobre la educación, que fue desechado por el propio PSOE el pasado mes de abril cuando todavía estaba en la oposición. También ha respondido a preguntas sobre el futuro de la enseñanza privada concertada, de la asignatura de religión y del nuevo intento de adoctrinar a los alumnos en supuestos valores cívicos que serán dictaminados por el gobierno:
¿Hay alguna posibilidad de que haya un pacto por la educación que incluya al PP?
A eso aspiro. Cuento con la predisposición favorable del Partido Popular. Si no la tiene, significará que no tiene voluntad de estabilizar el sistema educativo español.
Hay temor en algunos sectores por el futuro de la enseñanza concertada.
La Lomce ha permitido que algunas comunidades hayan cedido terrenos públicos para centros concertados. De facto, la educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada. Esto no puede ser. La educación pública es el referente, el eje vertebrador del sistema educativo. No puede ser sustituida por la concertada.
¿Hay algo que quitar a los centros concertados o se refiere a los nuevos espacios?
Tenemos que hacer un diagnóstico certero, pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad general. Aquellos centros que están cumpliendo fielmente con sus obligaciones no tienen nada que temer. Pero queremos una red pública sólida, y la red concertada es complementaria de la pública, pero no al revés.
¿Qué pasará con la asignatura de religión?
Religión no puede tener valor académico y contar para la nota media. Y, desde luego, no puede tener una asignatura espejo como alternativa, porque eso significa que el derecho de unos se convierte en la obligación de otros. Los valores cívicos han de ser universales y, por lo tanto, todos los alumnos y alumnas han de cursarlos.
Entonces, ¿volverá Educación para la Ciudadanía?
Prefiero no hablar de Educación para la Ciudadanía si esto va a ser objeto de diatriba por un nombre. Crearemos una asignatura de valores cívicos y éticos, y no será optativa.
Se pasa por alto la Constitución
Aunque leyendo los planes del gobierno socialista pueda parecer lo contrario, en España sigue vigente el artículo 27.3 de la Constitución, que dice así:
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
